🔴SENTENCIA EFECTOS ADVERSOS COVID-19 TRIBUNAL SUPREMO. STS 61/2026

El Supremo sacrifica al ciudadano y blinda a la Administración por los daños de la vacuna.

1. ¿Es la "excepcionalidad pandémica" un escudo absoluto para la Administración?

La sentencia se fundamenta en la "absoluta excepcionalidad" y la "fuerza mayor" para exonerar a la Administración. ¿No es precisamente en situaciones de crisis extrema cuando el ciudadano está más expuesto y requiere mayor protección? Al rebajar el estándar de responsabilidad, ¿no se está creando una doctrina que permite a los poderes públicos eludir las consecuencias de sus decisiones más drásticas, dejando desprotegido al individuo que sufre un daño directo?

2. ¿Fue la vacunación una decisión verdaderamente "voluntaria"?

El Tribunal insiste en el carácter voluntario de la inoculación. Sin embargo, ¿se puede ignorar la intensa campaña de "incentivos positivos y negativos" que la propia sentencia reconoce? En un contexto de restricciones a la movilidad y al ejercicio de derechos fundamentales para los no vacunados, ¿no se convierte esa "voluntariedad" en una coacción encubierta? La sentencia despacha esta presión como insuficiente, pero ¿es esa una valoración realista del dilema al que se enfrentó el ciudadano?

3. ¿Quién asume el riesgo del "progreso"?
Se argumenta que tanto la Administración como los individuos aceptaron un "inherente riesgo". No obstante, el acuerdo con la Comisión Europea exoneraba a los fabricantes, trasladando la responsabilidad a los Estados miembros. Si el fabricante está exento y la Administración que ejecuta la vacunación también lo está (salvo mala praxis), ¿significa esto que el riesgo recae única y exclusivamente en el ciudadano que, confiando en el sistema, sufrió un daño catastrófico? ¿Se ha socializado el beneficio pero privatizado el perjuicio?

4. ¿Se está desvirtuando la responsabilidad por funcionamiento normal del servicio?

La doctrina tradicional de la responsabilidad patrimonial cubre los daños derivados del funcionamiento, tanto normal como anormal, de los servicios públicos. Al limitar la responsabilidad autonómica casi exclusivamente a la mala praxis (conservación, aplicación), ¿se está vaciando de contenido la responsabilidad por el funcionamiento normal? La campaña de vacunación fue un servicio público masivo. Que una vacuna, funcionando como se esperaba (con riesgos raros pero conocidos), cause un daño, ¿no es un supuesto paradigmático de daño por funcionamiento normal que la colectividad debería asumir solidariamente?

5. ¿Se pondera correctamente el beneficio individual frente al colectivo?

El Tribunal concluye que el beneficio individual de vacunarse superaba al colectivo, desactivando así el principio de solidaridad. ¿Es sostenible este argumento? Toda la campaña se justificó en la necesidad de alcanzar la inmunidad de grupo para proteger el sistema sanitario y a los más vulnerables. Al negar la preponderancia del beneficio social, ¿no se está reescribiendo el propósito de la campaña para justificar la denegación de la indemnización? El sacrificio de unos pocos en beneficio de todos parece ser el fundamento ignorado.

Al final, todo se reduce a envolver la responsabilidad pública en un sudario jurídico, mientras el ciudadano queda abandonado sobre la mesa de sacrificio institucional, convertido en daño colateral de decisiones que nadie quiere asumir.


https://x.com/LMPardoAbogado/status/2019454089935892984?s=20

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